Históricamente, tomando como comienzo la Revolución Industrial en la Inglaterra finales del siglo XVIII (por el importante cambio socioeconómico, tecnológico y cultural que se produjo en la sociedad mundial), las repercusiones de las diferentes actividades económicas sobre el Medio Ambiente no se tenían apenas en cuenta y primaba única y exclusivamente el beneficio económico.

Lógicamente, con el paso del tiempo se va viendo desde los países más desarrollados que es necesario que el crecimiento económico esté sustentado sobre unos pilares sólidos que garanticen la renovación natural de los recursos y sea armónico con el desarrollo social de las personas; En este sentido se va avanzando indiscutiblemente desde la segunda mitad del siglo XX:

Durante la década de los 60, y 70 sobretodo, los países desarrollados empiezan a destinar cada vez más recursos para el estudio y conservación del Medio Ambiente. El 16 de junio de 1972 se celebra la denominada primera “Cumbre de la Tierra” en Estocolmo, dentro del marco de las Naciones Unidas, donde se manifiesta por primera vez esa preocupación a nivel global; Y paso a paso, en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo da a conocer el informe elaborado entre otros, por la doctora Gro Harlem Brundtland titulado “Nuestro Futuro Común”, donde se acuña por primera vez el término “desarrollo sostenible” (o sustentable) definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Después, en junio de 1992, veinte años después, se celebra en Río de Janeiro la segunda “Cumbre de la Tierra” de donde salen la Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; En 1997 se aprueba el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que entró en vigor en 2005.

En definitiva, poco a poco se van elaborando Directivas que se transponen a leyes en los diferentes países y se van acuñando términos (Ecoeficiencia, Sostenibilidad, etc.), que pasan en muchos casos, a ser la base de los Objetivos Ambientales de la mayoría de las entidades comprometidas.

Y en España, siguiendo un desarrollo similar a la Seguridad en el trabajo desde la aprobación de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la gestión del Medio ambiente ha venido evolucionando también en los últimos años, acorde con las directivas mencionadas y pasando con el tiempo de un enfoque simplemente correctivo (“quien contamina paga”) a otro más completo y eminentemente más preventivo, en línea con la política de conservación y uso sostenible de los recursos; Esto se refleja por ejemplo en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, que tiene por objeto “prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales”, o en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (que en su artículo 49 especifica la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas en el caso de haber sido sancionado con carácter firme por infracción muy grave en materia medioambiental).

La propia EHE-08 Instrucción del Hormigón Estructural incluye novedades importantes, como es tener por primera vez en cuenta la reutilización de las aguas y de áridos reciclados para la fabricación de hormigones, así como establecer, de forma novedosa en todo el mundo, índices con lo que se pretende medir el grado de contribución a la Sostenibilidad de la estructura. Y estamos a la espera de la transposición de la Directiva Marco de Residuos de la que se espera facilite el empleo de subproductos de otras actividades en la construcción y sobre todo se evite la consideración de residuo cuando se trate de “residuos” reciclables o valorizables en determinadas condiciones.

En el ámbito del sector privado son las grandes empresas las que han liderado como era de esperar este enfoque de gestión sostenible, conscientes de la importancia de minimizar en lo posible la huella ecológica en el desarrollo de sus actividades e incrementar el valor añadido de las mismas, lo cual en la medida que se valore por la sociedad se convierte en un elemento favorable de competitividad y liderazgo.

La integración de la gestión del Medio ambiente y la Calidad, también junto con el sistema de Prevención para favorecer la sinergia en la eficacia gestora, el cumplimiento exhaustivo de la normativa vigente en cada caso, la formación en materia medioambiental de las personas implicadas y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos previamente fijados, dentro del marco de la Mejora Continua, junto con la participación activa con los Organismos Públicos, son las directrices genéricas que deben perseguirse y concretarse durante la ejecución de cualquier trabajo.

Las empresas constructoras en España han realizado un importante esfuerzo institucional sobre Sostenibilidad implantando políticas y comunicando su comportamiento medioambiental. Al nivel de obra, la sostenibilidad se hace más palpable con actuaciones que a menudo requieren un aporte importante de medios y recursos en innovación y desarrollo, planificación, medición y gestión, pero que se están llevando a cabo en España y en resto de Europa de acuerdo con las directrices de Sostenibilidad y Ecoeficiencia que se comentan al inicio. Hoy es práctica habitual en obra la segregación y valorización de residuos de construcción y demolición en obra, la creación de puntos de almacenamiento de residuos peligrosos, el tratamiento automatizado de las aguas antes de su vertido, la reutilización de agua y optimización en sus usos, la restauración planificada y eficiente de las zonas degradadas, trasplante de árboles y arbustos, control del polvo y del ruido, y ya incluso actuaciones encaminadas a la reducción de las emisiones de CO2.

Y como en todos los casos, una correcta gestión en este ámbito, eficaz y eficiente, necesita de una correcta medición: cuantificar tanto el coste como los beneficios de todas las actuaciones a nivel ambiental (y social), de modo que podamos valorar cuánto bien estamos haciendo las cosas es la base para poder posicionarse y orientarse a los objetivos fijados.

Por otro lado, la fase de ejecución es el caldo de cultivo para la prueba y desarrollo de todas las actuaciones de innovación, las cuales si también se enmarcan dentro de las directrices ambientales que estamos comentando, pueden aumentar la valía de la innovación que pasará de ser no sólo económica sino tener también un valor medioambiental y social añadido, lo que en definitiva hace consigamos estructuras y procesos más sostenibles.

A modo de ejemplo, en la fase constructiva podemos citar varios ejemplos de este tipo como puede ser el uso aditivos cada más inocuos para el medioambiente, como los acelerantes libres de álcalis utilizados en el sostenimiento de los túneles, el uso de aditivos curadores del hormigón, que además de prevenir de la desecación superficial permiten ahorrar agua de curado sin afectar a la calidad final de la estructura, o los propios superplastificantes de última generación que también reducen agua a la vez que se puede optimizar la dosificación de cemento, pero obteniendo similares características (lo que indirectamente reduce la huella ecológica de este producto, y especialmente la producción de CO2), Inhibidores de corrosión, fibras de polipropileno en sustitución de mallazo y en definitiva, productos que mejoran la calidad constructiva y garantizan una mayor vida útil de la misma, o la mantienen pero permiten tener una menor demanda de recursos para su mantenimiento, todo ello importante desde el punto de vista no sólo de la conveniencia económica, sino de la sostenibilidad entendida en su concepto más global.

Por lo tanto, cabe destacar que las inversiones realizadas en Obra civil no sólo contribuyen de una manera evidente a la mejora de las comunicaciones y los servicios, sino que además conllevan implícito un importante valor mediambiental y social añadido que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar cualquier actuación en este ámbito.