Ministerio para la Transición Econlógica y el Reto Demográfico: Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos. Publicado en el Boletón Oficial del Estado el Jueves 1 de octubre de 2026

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, estableció la obligación de que las autoridades competentes de los Estados miembros dispongan de un registro donde incorporar la información relativa a entidades o empresas que recojan o transporten residuos con carácter profesional, negociantes, agentes, así como a otras entidades y empresas exentas de los requisitos de autorización. La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La citada ley establecía en su artículo 39 la creación del Registro de producción y gestión de residuos, registro único y compartido en todo el territorio nacional, en el cual se debían inscribir todas las comunicaciones previas y autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas derivadas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y su normativa de desarrollo.

Posteriormente, se aprobó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Esta directiva revisa algunos artículos de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, con el objetivo de avanzar en la economía circular, armonizar, mejorar la información y trazabilidad de los residuos y reforzar la gobernanza en este ámbito. La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, establece, entre otros aspectos, la necesidad de reforzar los mecanismos de registro y trazabilidad de residuos, en especial para los residuos peligrosos, a través de registros electrónicos.

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La Ley 7/2022, de 8 de abril, regula en su artículo 63 el Registro de producción y gestión de residuos (en adelante, el Registro) en los mismos términos que la derogada Ley 22/2011, de 28 de julio, es decir, todas las comunicaciones e inscripciones derivadas de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y su normativa de desarrollo deberán de inscribirse en el Registro, el cual será único en todo el territorio nacional y compartido por todas las Administraciones públicas. Asimismo, la Ley 7/2022, de 8 de abril, incluyó como novedad un plazo para que las comunidades autónomas incorporen la información al Registro, así como la posible interconexión de información con el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España), regulado por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

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Nota: no se garantiza la vigencia de esta normativa